Europa se está moviendo hacia la eliminación de las bolsas no biodegradables y España ya legisló para hacer realidad esta meta a través de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En este artículo de ihobe.net, nos cuentan qué tendrán que hacer los españoles para cumplir con la norma:
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada por el Parlamento el pasado 14 de julio, establece un calendario para la sustitución total de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable en 2018. Tras más de diez años de aplicación de la primera normativa sobre residuos, la entrada en vigor de esta ley supone la incorporación de la normativa jurídica europea en gestión de deshechos y la posibilidad de instaurar Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados pretende sustituir el 60% de las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables para el año 2013, aumentando el ese porcentaje a un 70% para antes de 2015, y a un 80% para el año 2016. El objetivo final fijado por la normativa es la eliminación del 100% de este tipo de bolsas para 2018, con excepción de las que se usen para contener alimentos perecederos como los pescados y carnes.
De acuerdo con el nuevo texto, orientado a prevenir y reducir la cantidad de residuos y sustancias que tengan un impacto adverso sobre la salud y el medio ambiente, la recogida selectiva de basuras deberá estar sistematizada en 2015. Para ello, los distintos materiales procedentes de residuos -papel, plástico, vidrio y metales- deberán recogerse de manera separada, promoviendo a su vez la recogida selectiva de los biorresiduos, así como su tratamiento biológico.
Para los materiales que componen los residuos domésticos, el texto establece tasas de reutilización y reciclado en torno al 50% para antes de 2020. En el caso de los residuos de construcción y demolición el índice se sitúa en el 70% en cuanto a reutilización, reciclado y valorización.
En relación con la responsabilidad de la contaminación de los suelos, la nueva ley refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control debido a la supresión y sustitución de determinadas autorizaciones por comunidades. Con el objetivo de garantizar la transparencia y trazabilidad en la gestión de los trámites administrativos, la normativa obliga a las Administraciones Públicas a elaborar una serie de planes y programas de prevención y de gestión de residuos. Además, el texto actualiza el régimen jurídico por el que se regulaba la producción y gestión de los residuos por parte de los fabricantes, productores y responsables de la puesta en el mercado de productos.
Asimismo, esta ley contempla la creación de una Comisión que facilite la cooperación técnica y la coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, a través de la participación, en grupos de trabajo, de los agentes afectados.
Vía: www.ihobe.net
Foto: Flickr by Rudy A. Girón
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